Diversas voces se alzan en Iquitos, región de Loreto, contra una concesión minera en la cuenca del río Nanay, que abastece a cerca de 500,000 habitantes. La Segunda Marcha por la Vida congregó a miles de personas bajo el lema «Sin Nanay vida no hay», exigiendo medidas concretas para proteger este vital recurso hídrico.

Iquitos, una ciudad situada en la provincia de Maynas, región de Loreto, se encuentra nuevamente en el centro de la atención debido a la concesión minera otorgada en la cuenca del río Nanay, que abastece a una población cercana a las 500,000 personas. Diversas organizaciones civiles y ambientales, así como el Comité de Defensa del Agua, se han movilizado en rechazo a esta concesión, que ha generado una creciente preocupación en la comunidad local.

La Primera Marcha por la Vida, celebrada en octubre, ya había puesto de manifiesto la preocupación de los habitantes de Iquitos por la defensa del río Nanay y la posible contaminación que podría resultar de la actividad minera en la zona. La Segunda Marcha de la Vida, que se llevó a cabo recientemente, congregó a más de cinco mil personas, todas ellas unidas bajo el lema «Sin Nanay vida no hay».

Marcelina Angulo, presidenta del Comité de Gestión de Alto Nanay Pintuyacu Chambira, expresó su preocupación durante la marcha y llamó al presidente regional a actuar de manera inmediata ante esta problemática. Angulo, representante de su comunidad, enfatizó que el agua que se cuida en el Alto Nanay es esencial para la ciudad de Iquitos.

José Manuyama, defensor ambiental líder en esta lucha, instó al gobernador regional de Loreto a tomar medidas legales efectivas y a pronunciarse de forma contundente sobre la minería ilegal en el Nanay. Manuyama señaló que desde el inicio de su gestión, se ha escuchado muy poco o casi nada del gobernador regional sobre este tema crucial.

La preocupación de la comunidad local no es infundada, ya que las aguas del río Nanay han comenzado a mostrar signos evidentes de cambio en su composición, como lo ha demostrado Sedaloreto, la empresa prestadora de servicios de agua potable en Iquitos. Los pobladores han notado un aumento en el sedimento en el agua, lo que indica un deterioro en su calidad. Además, las consecuencias en la salud de los habitantes, especialmente en los niños, ya son evidentes, con un aumento de infecciones y enfermedades diarreicas.

Alicia Piña, residente de la comunidad de Mishana, ubicada en la parte baja de la cuenca del Nanay, compartió su preocupación y advirtió que las comunidades del bajo Nanay serían las más afectadas, ya que las aguas contaminadas de la parte alta del río fluyen hacia ellas.

El conflicto se originó cuando el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorgó la concesión minera Raíces Gaddaffy a Ricardo Moreno Valderrama, gerente general de una empresa homónima, el 31 de agosto. Esta decisión provocó una ola de indignación en la ciudadanía de Iquitos y fue fuertemente criticada por organizaciones ambientales que cuestionaron la permisión de actividades mineras en la cuenca del Nanay.

En respuesta a esta controversia, el exfiscal ambiental Alberto Caraza presentó una denuncia contra Henry John Luna Córdova, presidente del Ingemmet, por presuntamente otorgar la concesión minera de manera irregular, que afecta una parte del Nanay dentro de las mil hectáreas en las que se extiende.

El Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre este caso, y la carpeta fiscal que examina el supuesto delito ambiental deberá ser enviada a la Dirección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en un plazo no mayor de 60 días para recibir las declaraciones de los denunciantes y la respuesta del presidente del Ingemmet sobre las acusaciones en su contra.

Además, Yusen Caraza presentó una denuncia administrativa ante la Contraloría General de la República contra Henry John Luna Córdova, acusándolo de no haber observado la normativa relacionada con la protección del río Nanay.

El Ingemmet ha emitido un comunicado en respuesta a la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema), en el cual enfatiza que una concesión minera no autoriza ni permite el inicio de actividades mineras ni implica la ocupación de territorios ni derechos sobre otros recursos naturales ajenos a la minería. El comunicado argumenta que la información difundida está basada en conceptos falsos y tendenciosos, y que las concesiones mineras no otorgan libertad total para realizar actividades sin restricciones.

La controversia en torno a la concesión minera en la cuenca del río Nanay continúa generando preocupación y movilización en Iquitos, mientras la comunidad local y las organizaciones ambientales buscan proteger este recurso vital y mantener su calidad para las generaciones futuras.